Crece el malestar entre vecinos y damnificados en Paso de los Libres por la demora judicial en una causa de presunta estafa vinculada a inversiones en criptomonedas, que habría dejado pérdidas por miles de dólares a varias familias de la ciudad.
Durante la jornada de ayer, los afectados se expresaron en redes sociales para manifestar su descontento con la lentitud del avance del expediente. Según sostienen, mientras la investigación no registra avances concretos, el presunto responsable de la maniobra, identificado como Iván Yardin, continúa circulando libremente por la ciudad.
De acuerdo con información que trascendió en el ámbito judicial, durante una audiencia realizada en fiscalía el acusado habría reconocido la comisión del hecho y se habría comprometido a devolver el dinero a los damnificados. Sin embargo, al momento de intentar verificar los fondos en la cuenta vinculada a las operaciones con criptomonedas, el acceso nunca habría permitido visualizar el saldo total disponible.
Según relataron fuentes cercanas al caso, cada vez que se intentaba ingresar a la cuenta, se producía alguna situación que impedía comprobar el monto existente. Frente a estas circunstancias, Yardin habría respondido con evasivas, afirmando desconocer lo que ocurría con la plataforma.
En esa misma instancia también habría manifestado que en dicha cuenta no solo se encontraría dinero de los damnificados, sino además fondos pertenecientes a un tal Báez —quien sería su socio— y a su propio padre.
Ante esta situación, la querella solicitó formalmente la designación de un perito informático especializado en plataformas de criptomonedas, con el objetivo de analizar la cuenta y destrabar el acceso para determinar el movimiento real de los fondos.
No obstante, según indicaron fuentes vinculadas al proceso, han transcurrido varios meses sin que exista una respuesta judicial respecto de esa medida probatoria.
Por este motivo, la querella estaría preparando la presentación de un pedido de pronto despacho con carácter de muy urgente, solicitando que se provean las medidas requeridas para avanzar con la investigación.
Mientras tanto, entre los damnificados y parte de la comunidad crece el reclamo por mayor celeridad judicial, en un caso que —según afirman— mantiene en vilo a varias familias que aún esperan recuperar el dinero perdido.
