La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró en conferencia de prensa que el presidente Donald Trump “está preparado para frenar el narcotráfico y llevar a los responsables ante la Justicia”.
Cuestionada acerca del refuerzo militar en la zona, Leavitt aseveró que “el régimen de (Nicolás) Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel del narcotráfico, según la opinión de la Administración Trump. Maduro no es un presidente legítimo. Es un líder fugitivo de este cartel, acusado en EEUU de tráfico de drogas al país”. El despliegue militar contempla la presencia de submarinos nucleares, aviones de reconocimiento P8 Poseidon, varios destructores y al menos un barco de guerra equipado con misiles.
La operación militar ha generado reacciones inmediatas de dictaduras de la región. El régimen de Cuba denunció que la presencia militar estadounidense “forma parte de una agenda corrupta” del secretario de Estado, Marco Rubio, y exigió respetar la región como “una zona de paz”. La Cancillería cubana, a través de un comunicado, demandó el cese de las acciones que ponen en riesgo la estabilidad del área caribeña.
Ante esta situación, Caracas movilizó a millones de milicianos en el país, justificando la medida como parte de un “plan de paz” frente a posibles amenazas externas. El régimen chavista emitió un comunicado el martes, asegurando que “las amenazas de Estados Unidos no solo afectan a Venezuela, sino que ponen en riesgo la paz y estabilidad de toda la región, incluyendo la Zona de Paz declarada por la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), espacio que promueve la soberanía y la cooperación entre los pueblos latinoamericanos”.
Las tensiones se han profundizado en las últimas semanas a raíz de nuevas acusaciones de Washington contra Maduro y su entorno. Según la Fiscalía de Estados Unidos, la Administración de Control de Drogas (DEA) ha incautado 30 toneladas de cocaína presuntamente vinculadas a Maduro y sus socios, y otras siete toneladas relacionadas directamente con la figura presidencial venezolana. Además, la incautación de activos suma más de 700 millones de dólares, incluyendo dos aviones privados, nueve vehículos y otros bienes.
A principios de este mes, el gobierno estadounidense aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la detención de Nicolás Maduro, duplicando así la cifra anunciada a principios de año.
El despliegue militar, la escalada de acusaciones y la respuesta de los países de la región configuran un escenario de creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, con repercusiones directas en la cooperación regional y la estabilidad del Caribe.
